Plazo de responsabilidad patrimonial: cuánto tiempo hay para reclamar a la Administración

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Una caída por una baldosa suelta, un error en un hospital público, un golpe con un vehículo municipal. Cuando el daño lo causa un servicio público, la reclamación se dirige a la Administración, y el reloj empieza a correr antes de lo que mucha gente piensa, y comienza el plazo de responsabilidad patrimonial.

El Tribunal Supremo lo dejó claro en su sentencia 463/2019, de 4 de abril: en los daños físicos, el plazo de responsabilidad patrimonial se cuenta desde que se fija el alcance de las secuelas, aunque después llegue una declaración de incapacidad. Quien espera a esa declaración para reclamar puede encontrarse con que su derecho ha prescrito. Como abogados en Albacete, es el primer error que intentamos evitar.

En la responsabilidad patrimonial, el plazo es tan importante como el daño.

Plazo para reclamar responsabilidad patrimonial: un año

El artículo 67.1 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece que el derecho a reclamar prescribe al año desde que se produjo el hecho o acto que motiva la indemnización, o desde que se manifestó su efecto lesivo.

Un año es poco tiempo cuando hay que reunir informes médicos, presupuestos, testigos o fotografías, y cuando a veces ni siquiera está claro a qué Administración hay que reclamar: el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado o una empresa concesionaria.

Pasado el plazo, la reclamación se rechaza sin entrar en si el daño existió o no.

Un año pasa rápido cuando se está recuperando de un daño.

Cuándo empieza a contar el plazo

El inicio del plazo depende del tipo de daño:

  • Daños materiales (un vehículo, una vivienda, un negocio): en general, desde que se produce el hecho o se conoce el daño.
  • Daños físicos o psíquicos: desde la curación o desde que se determina el alcance de las secuelas. Es lo que establece la propia ley.
  • Daños continuados, que no pueden medirse desde el principio: desde que se conoce su alcance definitivo. La jurisprudencia aplica aquí el principio de la actio nata: el plazo no corre mientras el daño no puede conocerse y valorarse.

El punto delicado está en los daños físicos. Según el Supremo, una declaración de incapacidad posterior no retrasa el inicio del plazo: lo que cuenta es el momento en que las secuelas quedaron fijadas, que suele coincidir con el alta.

Hay situaciones que interrumpen el plazo y hacen que vuelva a contarse desde cero. La más importante es la existencia de un proceso penal sobre los mismos hechos: según la jurisprudencia del Tribunal Supremo (por ejemplo, la sentencia de 18 de enero de 2006), el plazo se reanuda cuando se notifica la resolución que pone fin a ese proceso. También pueden interrumpirlo determinadas reclamaciones previas, siempre que identifiquen claramente el daño y a quién se reclama.

Requisitos para que la reclamación prospere

Llegar a tiempo es necesario, pero no suficiente. La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exige que se den estos requisitos:

  • Un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado en una persona o grupo de personas. Los daños hipotéticos no se indemnizan.
  • Que derive del funcionamiento de un servicio público, sea normal o anormal. No hace falta demostrar que la Administración actuó mal.
  • Una relación de causa a efecto entre ese funcionamiento y el daño.
  • Que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo.
  • Que no haya fuerza mayor, es decir, una causa externa, imprevisible e inevitable.

En el ámbito sanitario hay un matiz importante: no se indemnizan los daños que no se podían prever o evitar según el estado de la ciencia en el momento en que se produjeron.

La responsabilidad es objetiva, pero los tribunales examinan con rigor el nexo causal. Por eso la prueba debe prepararse desde el primer día.

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Plazo de resolución patrimonial: seis meses y silencio administrativo

Presentada la reclamación, la Administración tiene seis meses para resolver y notificar. Si en ese tiempo no responde, la reclamación se entiende desestimada por silencio administrativo.

Ese silencio no obliga a nada: el reclamante puede acudir ya a los tribunales o esperar a que la Administración resuelva, porque sigue obligada a hacerlo. En la práctica, muchos expedientes con pruebas y periciales tardan más de seis meses, y a veces conviene esperar a la resolución expresa.

Lo que no conviene es dejar el expediente sin seguimiento: pedir información sobre su estado y aportar documentación cuando se solicita forma parte de la reclamación.

Recurso contencioso-administrativo: plazos para ir al juzgado

Si la Administración rechaza la reclamación, o no responde, el siguiente paso es el recurso contencioso-administrativo en Albacete ante el juzgado o tribunal competente. Los plazos de cada fase son estos:

Fase Plazo
Presentar la reclamación 1 año desde el hecho, o desde la curación o la fijación de las secuelas
Resolución de la Administración 6 meses; si no resuelve, se entiende desestimada
Recurso contra una resolución expresa 2 meses desde la notificación
Recurso contra el silencio Sin plazo mientras no haya resolución expresa notificada, según el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo

El criterio sobre el silencio procede del Tribunal Constitucional (STC 52/2014) y lo ha reiterado el Supremo en sentencias tan recientes como la de 21 de julio de 2026. Aun así, no es una invitación a esperar: si la Administración dicta y notifica después una resolución expresa, desde ese momento empieza a correr el plazo de dos meses.

En la vía judicial, el plazo de dos meses no admite descuidos.

Errores que hacen perder la reclamación

  • Esperar a la incapacidad o a la jubilación para reclamar, cuando las secuelas ya estaban fijadas.
  • No guardar pruebas del lugar y del momento: fotografías, testigos, partes de la policía local o de urgencias.
  • Reclamar a la Administración equivocada o a una empresa concesionaria sin dirigirse también a la titular del servicio.
  • No cuantificar el daño o hacerlo sin informes que lo respalden.
  • Dejar pasar los dos meses para recurrir una resolución expresa.

Los daños por el mal estado de una carretera o una señalización deficiente también pueden reclamarse por esta vía; si además hubo un siniestro con otros vehículos, conviene coordinar la reclamación con la del accidente de tráfico en Albacete.

Pavimento agrietado en la vía pública, causa frecuente de reclamaciones de responsabilidad patrimonial al ayuntamiento

En Estudio Jurídico Torrente – Abogados y Criminólogos empezamos cada caso por el calendario: fecha del hecho, fecha del alta y posibles interrupciones. Con eso claro, se decide cómo y a quién reclamar. Las condiciones de nuestro trabajo están en la página de nuestros honorarios.

Reclamaciones de responsabilidad patrimonial

Desde la reclamación administrativa hasta el recurso contencioso-administrativo.

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Preguntas frecuentes sobre el plazo de responsabilidad patrimonial

¿Se puede reclamar al ayuntamiento por una caída en la calle?

Sí, si la caída se debió al mal estado de la vía pública, como una baldosa suelta, un socavón o la falta de señalización de una obra. Hay que reclamar en el plazo de un año y acreditar el lugar, el estado del pavimento y las lesiones.

¿Dónde se recurre en Albacete si la Administración rechaza la reclamación?

Depende de la Administración responsable y, en algunos casos, de la cuantía reclamada. Puede corresponder a la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Albacete o al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que tiene su sede en Albacete. La resolución de la Administración debe indicar el recurso que procede.

¿Hace falta abogado para presentar la reclamación?

En la fase administrativa no es obligatorio, pero sí recomendable: un error en el plazo, en la Administración a la que se reclama o en la prueba puede hacer perder la indemnización. En la vía judicial, normalmente sí se necesita abogado.


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