Intervenimos en delitos administrativos y de corrupción (cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, delitos electorales, etc.), delitos urbanísticos y ambientales, delitos fiscales (delitos contra la Hacienda Pública, delitos de fraude de subvenciones, delitos contra la Seguridad Social, etc.) y delitos económicos (delito de estafa, delito de blanqueo de capitales, delito de insolvencia punible, etc.).

• Cohecho: Consiste en ofrecer, prometer o recibir sobornos por parte de funcionarios públicos o particulares a cambio de favores o decisiones indebidas.
• Prevaricación: Es la acción de dictar una resolución arbitraria y contraria a la ley por parte de una autoridad o funcionario público, a sabiendas de que es injusta.
• Tráfico de influencias: Se refiere a influir de manera indebida sobre un funcionario público para obtener un beneficio, normalmente mediante presión o aprovechamiento de relaciones personales.
• Negociaciones prohibidas a funcionarios: Son aquellas situaciones en que un funcionario interviene, directa o indirectamente, en negocios o actividades donde tenga interés personal, estando legalmente impedido.
• Delitos electorales: Son delitos especiales de gran complejidad técnica. Regulados fuera del Código penal, son actos ilícitos durante procesos electorales, como manipulación del voto, coacción a votantes o financiación ilegal de campañas.
• Delitos urbanísticos y medioambientales: Abarcan construcciones ilegales, delitos contra la ordenación del territorio como cambios de uso del suelo sin autorización o daños al medio ambiente por actividades ilícitas.
• Delitos contra la Hacienda Pública: Consisten en defraudar al Estado mediante ocultación de ingresos, presentación de datos falsos o elusión del pago de impuestos.
• Fraude de subvenciones: Ocurre cuando se obtienen ayudas públicas de forma indebida, falseando condiciones o desviando los fondos para fines no autorizados.