Los ataques de perros no son un asunto menor. Generan lesiones físicas, cicatrices permanentes, daños emocionales y, en muchos casos, consecuencias económicas relevantes para la persona afectada. Aunque a menudo se minimizan, estos incidentes han incrementado en los últimos años según alertan servicios sanitarios, ayuntamientos y cuerpos policiales. Ante esta realidad, resulta esencial conocer el marco jurídico que regula la responsabilidad del propietario y los derechos de la víctima para obtener una indemnización justa.
Responsabilidad legal del propietario o poseedor del perro
El artículo 1905 del Código Civil es claro: el dueño o poseedor de un animal responde de los daños que cause, incluso si se escapa, se extravía o actúa sin control directo. Se trata de una responsabilidad objetiva, es decir, no es necesario demostrar culpa, negligencia o imprudencia del propietario. Basta con acreditar el daño y la relación causal con el animal.
Solo existen dos posibles excepciones:
- Fuerza mayor, cuando el ataque deriva de un hecho absolutamente imprevisible e inevitable.
- Culpa exclusiva de la víctima, como la provocación deliberada o la entrada no autorizada en propiedad privada.
Fuera de estos supuestos, la responsabilidad permanece intacta.
Perros potencialmente peligrosos y agravación de responsabilidad
La normativa específica —Ley 50/1999 y Real Decreto 287/2002— impone obligaciones reforzadas para propietarios de perros catalogados como potencialmente peligrosos. Entre ellas:
- Licencia administrativa vigente
- Seguro de responsabilidad civil
- Bozal y correa en espacios públicos
Si un ataque es protagonizado por uno de estos animales y el propietario incumple estas obligaciones, puede derivarse no solo responsabilidad civil, sino también sanciones administrativas e incluso penales.
Además, la reciente Ley 7/2023 de Bienestar Animal anuncia la obligatoriedad general de contratar un seguro de responsabilidad civil para todos los perros, aunque su aplicación plena queda pendiente de desarrollo reglamentario.
Daños indemnizables tras el ataque
Las víctimas pueden reclamar diversos daños:
- Lesiones físicas y tratamientos médicos
- Secuelas permanentes o estéticas
- Daños psicológicos, incluidos fobia, ansiedad o estrés postraumático
- Pérdidas económicas, como días de baja laboral o disminución de ingresos
- Daños materiales, como ropa o pertenencias dañadas
La cuantificación económica se realiza aplicando por analogía el Baremo de Accidentes de Tráfico, lo que aporta objetividad y seguridad jurídica al cálculo.
Cómo debe actuar la víctima
Actuar correctamente desde el inicio es clave para no comprometer la reclamación. Se recomienda:
- Acudir inmediatamente a un centro médico y obtener parte de lesiones.
- Identificar al perro y a su propietario, cuando sea posible.
- Interponer denuncia ante Policía Local o Guardia Civil, especialmente si hay lesiones relevantes.
- Reunir pruebas, como fotografías, informes médicos y testigos.
- Iniciar reclamación extrajudicial, preferiblemente con asistencia letrada.
- Acudir a la vía judicial si la aseguradora o propietario no asumen su responsabilidad.
En los casos más graves o por negligencia manifiesta, la vía penal también puede activarse.
Importancia del asesoramiento jurídico especializado
Aunque el marco legal es claro, muchas víctimas desconocen sus derechos, no reclaman o aceptan indemnizaciones muy por debajo de lo que corresponde. La intervención de un abogado especializado garantiza:
- Valoración adecuada del daño
- Negociación con aseguradoras
- Reclamación civil completa
- Defensa penal cuando proceda
- Evitar errores procesales y prescripciones
En Estudio Jurídico Torrente, analizamos cada caso con rigor jurídico y sensibilidad hacia la víctima, acompañando en todas las fases del procedimiento.
Conclusión
Los ataques de perro pueden tener consecuencias profundas y duraderas. La ley protege a la víctima y reconoce su derecho a una indemnización integral. Actuar con rapidez, documentar las lesiones y buscar asesoramiento legal especializado marca la diferencia entre una reparación justa y una situación de indefensión.
